"Hubo quiebre en el principio de separación de poderes", señaló informe de Defensoría.
(Redacción)
Lima, 26 de oct. – El presidente peruano, Martín #Vizcarra, disolvió hace casi un mes el Congreso unicameral de su país, y comienzan a levantarse las voces que cuestionan esa decisión, como la de La #Defensoría del Pueblo.
A través de un informe, la Defensoría también puso en cuestión el término "#negaciónfáctica" invocado por Vizcarra para justificar su medida, al interpretar como negativa la decisión del Congreso unicameral de nombrar a un miembro del #Tribunal Constitucional (TC) a pesar de que el gobierno había solicitado previamente que se suspenda ese proceso de elección de tribunos y lo había planteado como una cuestión de confianza, el pasado 30 de septiembre.
La Defensoría del Pueblo concluyó en su informe de 39 páginas que el gobierno, al interpretar en su beneficio la Constitución Política del Perú, se ha alejado del cauce constitucional.
Por ello, pidió al Tribunal Constitucional admitir la #acción #competencial que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro #Olaechea, para definir lo sucedido y zanjar la crisis política en el país.
Consideró que una sentencia del TC implicaría "un primer paso para reconducir la crisis por los cauces de la Constitución".
En el informe, la Defensoría fundamenta: "Aun cuando el Poder Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza acerca del debate y la aprobación de un proyecto de ley, esta facultad no puede llegar al extremo de impedir que el Parlamento realice modificaciones a la propuesta planteada".
"Imponer el contenido del texto legislativo, dejando de lado las consideraciones derivadas del debate parlamentario, supone una intromisión en las competencias del Congreso", señala el documento.
En relación al planteamiento de la cuestión de confianza, hecho por el entonces presidente del consejo de ministros, Salvador del Solar, la Defensoría dijo que esa herramienta constitucional no puede invocarse para impedir las funciones del Congreso, ya que ello supondría una intromisión en su autonomía funcional, es decir "un quiebre del principio de separación de poderes" y, por ende, una utilización al margen de la Constitución.
Sobre la denominada "negación fáctica", invocada por Vizcarra, sus ministros y algunos constitucionalistas, la Defensoría alegó: "Que el Ejecutivo tenga dicha discrecionalidad podría generar un precedente, de acuerdo al cual, los mandatarios podrían aducir, cuando convenga a sus intereses, que existió un rechazo fáctico de la cuestión de confianza, de modo que les permita emplear arbitrariamente el mecanismo de disolución. del Parlamento".