Jefe de Estado minimizó su caída de 13 puntos porcentuales en índice de popularidad en la última encuesta de DATUM.
Lima, 7 de nov. – El presidente peruano, Martín Vizcarra, dejó entrever que la Comisión Permanente, en funciones hasta la instalación del próximo Congreso unicameral, no debe pedir información a su gobierno sobre el pago a la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de América Latina.
“La Comisión Permanente debe abocarse estrictamente a lo que la ley le faculta. Así que, por favor, ya están muy acostumbrados a hacer lo que no corresponde, ahora la Comisión Permanente que se sujete estrictamente a lo que está establecido”, declaró Vizcarra, en alusión al pedido de la Comisión Permanente para que se le informe sobre el pago de 524 millones de dólares por la venta de la hidroeléctrica Chaglla.
Al respecto, el procurador anticorrupción, Jorge Ramírez, dijo recientemente que Odebrecht tendrá un respiro en sus operaciones para seguir colaborando con la justicia peruana, a cambio de que siga entregando información sobre pago de sobornos a autoridades y ex autoridades en el país, entre ellos el ex presidente peruano Alejandro Toledo, detenido en los Estados Unidos hasta que se resuelva el pedido de extradición por parte de Perú.
Ramírez declaró a una emisora radial local que si Odebrecht quiebra "no va a tener ningún incentivo para seguir colaborando y menos para pagar la reparación civil" al Estado peruano, por los sobornos reconocidos en proyectos de infraestructura desarrollados en el Perú.
Vizcarra, que asumió la presidencia en el 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, opinó que los miembros de la Comisión Permanente no deben pedir ninguna información, afirmando que la Constitución Política no lo permite.
El gobernante salió al paso ante las declaraciones de la mayoría de integrantes de la Comisión Permanente de pedir información al gobierno sobre el millonario pago que beneficia a Odebrecht, a pesar de que esa empresa es investigada por pago de sobornos para adjudicarse al menos cuatro obras de infraestructura.
De otro lado, Vizcarra comentó que se siente “satisfecho”, a pesar de la caída de 13 puntos porcentuales de su popularidad, al pasar de 82% a 69% entre octubre y noviembre.
"Estoy satisfecho de tener cerca del 70% de ciudadanos que respaldan nuestras medidas y nuestros planteamientos. Obviamente después de tomar la decisión constitucional de disolver [el Congreso], tiene que haber una cuestión emotiva de respaldo mayoritario", opinó el jefe de Estado, cuyo gobierno concluirá en julio del 2021.
Según la encuestadora Datum, el nivel de desaprobación a la gestión de Vizcarra se elevó a 25%, diez puntos porcentuales más en relación al índice registrado en octubre, tras la disolución del Congreso, el 30 de septiembre.