- Alentará masiva participación de la ciudadanía.
- Da prioridad al crecimiento económico del país.
(Redacción)
Lima, 9 de oct. - El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Vicente Zeballos, dijo que su gobierno asumirá un rol neutral durante el proceso electoral de los comicios legislativos de 26 de enero, convocados por el presidente Martín Vizcarra (2018-2021) el 30 de septiembre tras disolver el Congreso de la República.
"El Gobierno impulsará el proceso de elecciones con un rol neutral, dentro de un espacio democrático y transparente que garantice la masiva participación de la ciudadanía", aseguró Zeballos durante una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
Zeballos, ministro de Justicia el día en que Vizcarra disolvió el Congreso, enfatizó que el gobierno no se involucrará en temas relacionados a la elección de los miembros del próximo Congreso.
Preguntado sobre si la crisis política está teniendo impacto negativo sobre la economía peruana, Zeballos opinó que, para el gobierno, es de alta prioridad el crecimiento de la economía y la generación de empleos.
En una carrera contra el reloj y a pesar de la cuestionada legalidad de la decisión de Vizcarra de disolver el Congreso, su gobierno aprobó el decreto de urgencia que establece medidas urgentes y excepcionales que permitan a los organismos del sistema electoral garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso, el 26 de enero del 2020.
Mediante el decreto de urgencia, el gobierno habilitó a los organismos electorales para que, en el marco de sus competencias y atribuciones constitucionales, emitan reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización de los comicios, incluyendo aquellas destinadas a adecuar los procedimientos y plazos del cronograma electoral.
Una vez más, el régimen de Vizcarra, que asumió la presidencia en marzo del 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski (ante la posibilidad de que el Congreso apruebe su vacancia en el cargo), declaró que continuará impulsando la lucha anticorrupción como política de Estado, al igual que medidas para la seguridad ciudadana.